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DIGITAL 30.11.2017 | COSTA RICA | UN CANAL QUE EVOLUCIONA

Cambian las normas para el ecommerce en Costa Rica
En Costa Rica, Yo Soy Pollo es uno de los más reconocidos influencers. Estos usuarios ahora deben especificar claramente cuáles son sus empresas anunciantes.

Cambian las normas para el ecommerce en Costa Rica

El Decreto Ejecutivo 40703-MEIC busca que el consumidor pueda obtener mejor información de las empresas y que sus datos estén protegidos.

El ecommerce crece día a día y es uno de los canales preferidos por las generaciones jóvenes para realizar transacciones. Por eso, desde diversos sectores se está trabajando para que este lugar sea cada vez más seguro para la compra y la venta.

Un ejemplo de los avances que se están produciendo en este terreno se observa en Costa Rica, donde ha entrado en vigencia el Decreto Ejecutivo 40703-MEIC, en el cual existe un capítulo específico titulado “Protección del Consumidor en el Contexto del Comercio Electrónico”.

Con esta nueva normativa, la publicidad que se realice en internet debe identificar claramente a la empresa y al producto o servicio que se promociona. Esto quiere decir que los influencers tendrán que nombrar de manera explícita a sus anunciantes.

Otro de los aspectos destacables es la obligatoriedad de la inclusión de un mecanismo para que los compradores puedan publicar sus reclamos y las compañías, recibirlos. Incluso, no se permitirán ocultar las opiniones negativas que aparezcan.

En términos de plazos de entrega, aquellas organizaciones que no los especifiquen deben hacer llegar sus productos (junto a sus respectivos comprobantes) durante las 24 horas posteriores a la transacción.

Para el envío de información a los usuarios, a partir de este decreto es necesario un consentimiento previo de ellos. Además, hay que mantener una confidencialidad y cumplir con la Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales y la Ley General de Telecomunicaciones. Esto garantiza medios seguros para las transacciones y los pagos y la existencia de una entidad certificadora que maneje la data utilizada.