La ciudad de Miami ya ha dispuesto multas por un total de 1,59 millones de dólares, tanto a propietarios como a sitios web como Airbnb, Homeaway y Booking.com, por el alquiler de viviendas a corto plazo. Esto se debe a que los alquileres de menos de seis meses y un día están prohibidos en gran parte de Miami Beach, al sur del estado de Florida en los Estados Unidos.

Michael Grieco, comisionado de Miami Beach, explica: “En estos alquileres de corto plazo se amontonan cinco a diez personas en una habitación y están de fiesta toda la noche”. Ese es uno de los motivos por los cuales se avanzó en este tipo de demanda: el clima festivo durante todo el día dio lugar a diversas quejas de los residentes. Otra denuncia, probablemente de mayor peso legal, es que los locatarios, al hacer este tipo de negocio, evaden impuestos.

Así, los propietarios y las páginas web de alquileres de corto plazo fueron multados por cifras que van de 20.000 a 80.000 dólares. De las marcas, Airbnb es la más afectada.

Una suerte similar había corrido la empresa Uber cuando intentó ingresar a diversos países con su servicio de traslado de pasajeros con choferes sin licencia profesional. Por ejemplo, en Francia y después de una serie de huelgas de los sindicatos de taxis y la prohibición de UberPop, Uber suspendió su servicio  y como parte de la decisión de un juez, tendría que pagar una multa de 906.000 dólares que luego fue rebajada a la mitad. El servicio también ha sido denunciado judicialmente en España, Italia, Bélgica y los Países Bajos. El mismo día que era emitida la sentencia en Francia, un tribunal de Frankfurt rechazaba la apelación de Uber contra la prohibición del servicio en Alemania. En Uruguay, luego de que la marca global iniciara una campaña de inscripciones para uruguayos y lograra que se anotaran 2.500 conductores para convertirse en choferes, los diversos reclamos de los taxistas hizo que el tema llegara hasta la presidencia del país. Esto obligó a Tabaré Vázquez a conformar una comisión integrada por distintos ministerios y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), que estudiará la normativa vigente para luego resolver el camino a seguir. En la Argentina ingresó a principios de este año y pese a que recibió diversas demandas para que deje de operar, hoy continúa haciéndolo.

Volviendo a Miami, actualmente hay cientos de investigaciones en curso sobre miles de viviendas. El endurecimiento de las medidas comenzó cuando, en marzo, la ciudad aumentó de 500 a 20.000 dólares la multa por alquilar viviendas a corto plazo.

Por el lado de los propietarios, argumentan que la ciudad está favoreciendo a los grandes hoteles, y el turismo y las inversiones en el área van a sufrir las consecuencias. Algunos incluso evalúan presentar una demanda colectiva argumentando que estas redadas son ilegales. Ross Milroy, un agente de propiedades de lujo en Miami Beach, señaló que las nuevas medidas son además un gran problema para los inversores internacionales: “¿Por qué un comprador europeo o estadounidense invertiría en una propiedad en Miami Beach si luego no puede alquilarla por menos de seis meses y un día?”.